Querían que hablara y habló.

Querían que fuera llamado a declarar y “será llamado a declarar”.

Bueno, eso dice Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, aunque en lo particular, me suena más a un golpe mediático que a otra cosa. Por eso, dudo que llamen a declarar en torno al multihomicidio de Narvarte a Javier Duarte.

Mi incredulidad tampoco es porque desconfíe de las autoridades judiciales del DF, de Miguel Mancera o piense que existe una especie de contubernio entre ambos gobiernos, el defeño y el veracruzano.

La incredulidad radica en la ausencia de elementos concisos para llamar a declarar al Gobernador en torno al multihomicidio de la Narvarte.

II

Por supuesto, hay quienes respinguen de inmediato y me echen en cara los testimonios grabados y pronunciados en diversos medios de comunicación de Rubén Espinosa y Nadia Vera, en donde señalan directamente al Gobernador y a su Gabinete de cualquier cosa que les pudiera ocurrir.

Pero la amenaza que Rubén y Nadia sentían, la concentraron en el Gobernador, no porque él los haya intimidado, amedrentado, perseguido u hostigado, sino por considerar al Gobernador como el responsable de su seguridad… o inseguridad.

Ejemplos burdos:

Si su carro se poncha en una carretera estatal al pasar por un bache, la primera respuesta es “¡Pinche Gobierno!” y lo responsabilizamos porque pagamos nuestros impuestos para que los caminos estén en excelentes condiciones.

Si entran a robar a la casa, se responsabiliza al Gobierno porque por fuerza debe salvaguardar nuestro patrimonio así como la seguridad de la familia.

Si no se tiene empleo, es culpa del Gobierno…

Si hay inseguridad, secuestros, asesinatos… ¿de quién es la culpa?

III

Pero en el caso de Rubén Espinosa, hubo un antecedente que podría hacer la diferencia: Una denuncia presentada ante la PGR por agresiones de parte de elementos de Seguridad Pública durante el desalojo de maestros de la Plaza Lerdo.

¿Alguien me podría decir cuál fue la conclusión de la carpeta de investigación 132/FEADLE/2013 asentada en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión?

Bueno, que yo sepa, y eso en voz de un policía, la investigación continúa. Hace tres meses, un taxista atropelló a mi hija. Entre los testigos, a alguien se le ocurrió decir que la joven era hija de un “periodista” (cosa que es mentira: el “ser periodista”, no el “ser su padre”… ¿mmm?), lo que motivó que un oficial de SP que estaba allí se desahogara diciendo que aún siguen llamando a declarar a los policías que participaron en el desalojo de ese septiembre del 2013 en la Plaza Lerdo. Se quejó diciendo que los periodistas no dicen lo que es y que ellos (los polis) sólo cumplieron órdenes. Cada quien habla como le va en la feria.

Quien haya estado en un desalojo, sabe de lo que hablo.

Ése, entonces, bien podría ser un antecedente a favor de Espinosa Becerril enfocado, por supuesto, a Seguridad Pública o al Gobierno del Estado… aunque falta ver la resolución del caso.

IV

Luego entonces, sinceramente, no creo que el Gobernador, teniendo a su lado a Fisculín Luis Ángel Bravo Contreras, se pare ante un Ministerio Público y un secretario, respondiendo:

“—¿Conocía usted a Rubén Espinosa Becerril y a Nadia Vera?

—No…”

Ahora, si nos atenemos a las acusaciones de las víctimas, se señala a una institución, no a una persona, y en este caso, quien debe dar respuesta a las solicitudes de colaboración que requiera la Procuraduría General de Justicia del DF, no es el Gobernador, sino Luis Ángel Bravo Contreras, el Fiscal del Estado.

Por eso, sólo por eso, creo que el anuncio de Miguel Mancera no deja de ser un excelente “golpe mediático” lanzado a una jaula de leones hambrientos de justicia, apoyado en esa  “permanente comunicación con las autoridades del Distrito Federal, y en especial, con la Procuraduría General de Justicia, a fin de atender cualquier solicitud de colaboración que requieran”, dijera el Gobernador Javier Duarte.

 

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