* UV: ¿ACADÉMICO AMORDAZADO?

El viernes de la semana antepasada, el doctor Jaime Fisher y Salazar, académico del

Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana (UV), debía viajar a la Ciudad de

México porque tenía cita con un médico especialista que le atendería un malestar de las

vértebras cervicales.

Pero Fisher no pudo hacerlo porque de manera sorpresiva el director Adolfo García de la

Sienra Guajardo le envió un oficio citándolo precisamente en su oficina para ese viernes 8

de julio –¡a punto de iniciar el periodo vacacional!– con el propósito de levantarle acta

circunstanciada, “diligencia durante la que usted podrá manifestar lo que a su interés

convenga y aportar las pruebas que considere necesarias”, según le advirtió, sobre

supuestos hechos ocurridos en la Junta Académica que tuvo lugar el pasado 27 de junio con

el fin de definir una terna de profesores para ocupar la Dirección del Instituto de Filosofía.

Según versión del doctor De la Sienra, “el Dr. Jaime Fisher y Salazar empezó a tratar de

intimidar a los presentes en la junta (como suele hacerlo) expresándose de manera

inapropiada con palabras sumamente vulgares, soeces y vejatorias, faltando al respeto con

ellas a los presentes en la reunión”.

El director añadió que “la continua violencia verbal” del Dr. Fisher “en las reuniones,

juntas y demás foros académicos es ya en todo punto insoportable”, por lo que “se le

conminó en ese momento a dejar el lenguaje soez e impropio de cualquier intercambio

correcto entre las personas, a lo que contestó con nuevas majaderías”.

Sin embargo, en su respuesta por escrito al oficio IF079/16 que le dirigió el pasado 4 de

julio el doctor De la Sienra, el académico del Instituto de Filosofía desmiente rotundamente

al director, refiriéndole además una serie de violaciones al Estatuto de Personal Académico

de la UV, particularmente a lo estipulado en los artículos 201 y 203, que aluden a “la

comisión de actos que impliquen una falta al respeto que se deben entre sí los integrantes de

la comunidad universitaria” así como los procedimientos para conocer y sancionar “las

acusaciones que se formulen a los integrantes del personal académico”.

Fisher acusa al Dr. García de la Sienra de haber “violado flagrantemente estos artículos y

los procedimientos que de ellos se derivan”, ya que la semana antepasada “me hizo llegar

un extrañamiento, mismo que rechacé recibir precisamente por no haber sido citado –ni

desde luego recibido en audiencia– para mis alegatos de defensa, como indica el referido

Estatuto que el director está obligado a conocer y respetar”.

Además infiere que por el citatorio recibido el lunes 4 para comparecer el siguiente viernes

8 de julio, “el señor director consideró que el caso que me imputa merecería una sanción

mayor”, lo que “tampoco lo puso en conocimiento de la Junta Académica, pues yo formo

parte de ese cuerpo colegiado y no recibí notificación alguna y, hasta donde sé, ningún otro

miembro de la misma”, por lo que suman “dos violaciones al reglamento señalado”.

Fisher afirma, entre otras cosas, que las acusaciones que le formulan “son falsas”; que “ni

en la reunión de Junta Académica aludida en el oficio, ni en alguna otra, he tratado de

intimidar a persona alguna”; que “no utilicé en ningún momento las expresiones que

dolosamente se me imputan”; que “no expresé en esa reunión queja alguna acerca de

procedimientos, ni de autoridades, ni, mucho menos, de la posibilidad de que quedara o no

en la terna alguien, y en particular la Dra. Adriana Rosa Menassé Temple, quien de hecho

ya había renunciado por su propia voluntad y de manera irrevocable a participar en la terna

mencionada; que “en ningún momento me ‘pareció que la votación no me favorecía’, como

dice el oficio acusatorio, puesto que esta última votación la ganó el candidato por quien yo

voté tanto en la sesión aquí aludida como en la sesión anterior en que se había designado a

la Dra. Menassé, designación a la que ella misma, repito, renunció”; que “en ningún

momento de la reunión dirigí la palabra ni la mirada a la Dra. Menassé”; que, “sin embargo,

ella sí se dirigió a mí, con palabras que no puedo repetir y en un tono de amenaza, aunque

no de falta de respeto, pues fueron palabras que tanto ella como los demás miembros del

instituto solemos utilizar sin que alguien se sienta ofendido”; insistió en que “ni siquiera en

ese momento le dirigí la palabra ni la vista, aunque sí la escuché bastante claro y fuerte”;

que en ningún momento de la sesión se me ‘conminó a dejar el lenguaje soez’ como afirma

en su oficio el Dr. García de la Sienra” y que “es también falso que ante esa amenaza

hubiera contestado yo con ‘nuevas majaderías’ como me imputa el señor director (…); que

“en su oficio citatorio el Dr. de la Sienra me sugiere asistir a esta reunión a fin de que

‘aporte las pruebas que considere necesarias’”, lo cual, dice, “violenta de manera flagrante

el derecho de presunción de inocencia, puesto que yo no tengo nada que probar, sino que

serían las autoridades universitarias o, en su caso, las extrauniversitarias, las que tendrían

que demostrar la culpabilidad de las faltas al respeto que se me imputan de manera por lo

demás desproporcionada y mendaz”; y que al “intentar indicarme las maneras apropiadas o

inapropiadas de uso del lenguaje constituye, en todo caso, un atentado a mi libertad de

expresión”.

Fisher remarca que “en esto radica esa interpretación que, según me acusa el director en su

oficio, no puede ser otra que la de una profunda violencia”. El académico recalcó “que lo

que hace el Dr. García de la Sienra constituye un atentado contra la libertad de expresión, y

por ello, contra los derechos humanos fundamentales”. El académico niega

“categóricamente las imputaciones tendenciosas y fuera de lugar que se me endilgan” y

requiere a las autoridades de la UV “para que se demuestre la falta de respeto

presuntamente por mí cometida, y no sea yo quien tenga que demostrar mi inocencia, dado

que de acuerdo al Pacto de San José y a los artículos 10, 16, 19 y 20 Constitucionales, el

suscrito es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario”.

Según trascendió, este vergonzoso intento de acoso laboral ya escaló hasta la Rectoría de la

UV, pues ha cundido la percepción –ojalá sea equivocada– de que se trataría de un ajuste

de cuentas contra Fisher en presunta represalia por la ácida crítica que el académico ha

vertido en sus artículos periodísticos publicados desde la campaña electoral sobre el

colaboracionismo oficioso de las autoridades universitarias con el nuevo gobernador electo.

MÓNICA ROBLES: CONGRUENCIA

En un ambiente de gritos y confrontaciones antes, durante y después de la votación en el

Congreso local para aprobar la “basificación”  de 7 mil burócratas, sobresalió la mesura y la

cordura por parte de la diputada Mónica Roble Barajas, quien con la valentía que la

caracteriza, subió a tribuna a justificar su voto de abstención.

Mónica Robles demostró su gran valor y congruencia al no votar a favor de una iniciativa

que, de acuerdo a sus palabras, no había sido evaluada lo suficiente para valorar su impacto

en las ya deterioradas finanzas del estado, pero dejando muy claro que respeta y coincide

con el derecho de certidumbre laboral.

Tampoco, la diputada fue complaciente con la virulencia mostrada en los últimos días por

Miguel Ángel Yunes, y tan directa, como es ella,  le envió un mensaje muy claro: “no se

puede pedir el respeto al Estado de Derecho y violentarlo… no es con la confrontación, con

el temor, amenazando como se puede dirigir un estado”.

Sabias palabras de la diputada que, sin duda, tendrá que tomar muy en cuenta Yunes

Linares, porque hay que reconocer que Mónica Robles, durante toda su gestión en el

Congreso del estado, ha dado muchos ejemplos de lo que debe ser una veracruzana, pero

¡con garras y muchos pantalones!