Raymundo Jiménez

En el sexenio del presidente Felipe Calderón, en su “guerra” contra la delincuencia organizada, los golpes más espectaculares fueron asestados por la Marina Armada de México, la cual comenzó a recibir información privilegiada que provenía de las agencias estadounidenses de inteligencia y seguridad nacional ante las sospechas de que los grupos criminales habrían cooptado a la policía federal y a los mandos del Ejército Mexicano.

De ahí que no fue casual que en 2011 la Marina asumiera en la entidad el liderazgo del programa “Veracruz seguro”, aunque en parte tuvo que ver también la buena relación del gobernador Javier Duarte con el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a la sazón titular de la SEMAR y muy cercano a la familia del mandatario veracruzano.

Así, pues, ante el descrédito de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, y la desconfianza en el Ejército, la Marina se constituyó en el último baluarte institucional para enfrentar con toda la fuerza del Estado al crimen organizado.

Por eso resulta más que extraña –por no llamarla de otra manera– la reciente declaración atribuida al comandante de la Primera Región Naval, Arturo Castañón Zamacona, quien entrevistado este lunes acerca de la explosión que el día anterior se había suscitado en una bodega con gasolina clandestina ubicada en la colonia Playa Linda, del puerto de Veracruz, habría afirmado que “hay ciertas organizaciones de transportistas, de taxistas, que adquieren el combustible robado y en consecuencia promueven ese ilícito y los peligros que se generó ayer (domingo)”.

¿Si tenían conocimiento de que transportistas y conductores de taxis se abastecen ilícitamente de combustible robado por qué entonces no actuaron a tiempo en contra de los que venden y compran el energético de manera ilegal? Afortunadamente el siniestro no provocó pérdidas de vidas humanas, pero ¿para qué exponer la integridad de los habitantes de esa populosa colonia porteña, quienes arriesgando su seguridad y la de sus familias se atrevieron a denunciar de manera oportuna ante las autoridades los movimientos sospechosos que observaban en dicho establecimiento irregular?

Pero lo más jocoso, todavía, fue cuando al comandante de la Primera Región Naval le preguntaron los reporteros si “podrían mantener algún diálogo con los líderes de transportistas para evitar esto”, a lo que, según las versiones periodísticas, Castañón Zamacona respondió literalmente: “No es mi función realizar ese tipo de diálogo, lo que yo puedo hacer es manifestarlo a través de ustedes tanto para que las organizaciones sepan que si promueven ese ilícito pues asumen responsabilidades, pero más que nada yo quisiera dirigirme a la ciudadanía en general para que denuncien los ilícitos”.

Sin embargo, algunos vecinos de la colonia Playa Linda que fueron entrevistados aseguraron que ya habían reportado a las autoridades la presencia de personas sospechosas que hacían uso de combustible en el interior de esta bodega clandestina. Una de las afectadas por la explosión, Adriana Ramos, dijo que sí solicitaron que se investigara el lote donde se almacenaba la gasolina, aunque no especificó ante qué autoridad.

¿Lo de ayer (domingo) demuestra que bandas dedicadas al robo de combustible están operando en Veracruz?, le preguntaron este lunes los reporteros al almirante Castañón, quien a su vez respondió con otra obviedad: “Bueno, es una evidencia de que existe ese ilícito en la ciudad”.

Pero cuando le inquirieron que cómo tienen detectado que son los taxistas los que compran gasolina de origen ilegal, el comandante de la Primera Región Naval argumentó que “las cuestiones operativas no las comento porque pierden efectividad”.

¿Efectividad? ¡Pero si no evitaron el estallido que pudo haber sido de trágicas consecuencias para los vecinos ni detuvieron a nadie que les soltara información para desmantelar la red de “chupaductos”! ¿O acaso no expuso que el trabajo de la Marina es coadyuvar con las autoridades municipales y estatales en las acciones de seguridad y hacer exhortos a la población?

Hace un mes, el diputado federal David Jiménez Rumbo, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, exhortó a los directivos de Petróleos Mexicanos, a la PGR y a las secretarías de Energía, de la Defensa Nacional y de Marina, así como a la Policía Federal, a reforzar acciones de seguridad, supervisión, control y vigilancia internas, pues indicó que las “tomas clandestinas” originan daños humanos, ecológicos, materiales y económicos, y que tan solo por el robo u “ordeña” de combustibles, en los últimos seis años PEMEX sufrió pérdidas de aproximadamente 45 mil 922 millones de pesos, que equivalen a poco más de 2.98 por ciento de las ventas totales de esa empresa durante 2013, que fueron por un billón 537 mil 740 millones 300 mil pesos.

El robo y tráfico de combustible clandestino en Veracruz comenzó a evidenciarse desde 1991, a partir del caso del Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, donde el Ejército abatió a agentes federales que venían persiguiendo desde Chiapas a otra aeronave cargada de droga procedente de Colombia, que había aterrizado para reabastecerse de turbosina.

Pero en el sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) este negocio ilícito floreció al expenderse presuntamente gasolina robada a través de las estaciones autorizadas por PEMEX, que proliferaron en la entidad. Los concesionarios más allegados al mandatario, casualmente, llegaron a imponer alcaldes y financiaron las campañas electorales del PRI.

Y, en esta administración, varias desapariciones y ejecuciones atribuidas al crimen organizado han estado vinculadas también a este giro negro, en el que se han involucrado desde presidentes municipales hasta familiares de líderes de sectores priistas que en Palacio de Gobierno saben bien quiénes son.

MARICRUZ BARREDA, SOLIDARIA

Por cierto, la Presidenta del Patronato del DIF Municipal de Veracruz, Maricruz Barreda Cobo, asistió este martes a la colonia Playa Linda para brindarles apoyo a 17 familias afectadas durante el incendio del domingo pasado.

La titular del organismo de asistencia social realizó la entrega de despensas, sandalias y ropa a dichas familias, además de reiterarles la disposición del DIF Municipal para otorgarles los servicios médicos que requieran y, a través de la Procuraduría, realizar la tramitación de documentos importantes como sus actas de nacimiento.

Barreda Cobo fue acompañada por la Directora General del DIF porteño, Rosario Arias Pérez; por el Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Ibis Domínguez Maldonado; por el Subdirector Operativo, Juan Antonio Vera Zagade, y, entre otros, por la Subdirectora  Social, Claudia Martínez Méndez.